El proyecto del gobierno nacional para incorporar el homeschooling al sistema educativo volvió a instalar una discusión que excede a la escuela. El verdadero debate no es únicamente quién enseña, sino cuál debe ser el papel del Estado en la garantía del derecho a la educación.
Nadie discute que la familia es el primer espacio educativo de un niño. Sin embargo, eso no elimina la responsabilidad del Estado de asegurar que todos accedan a una educación de calidad. Familia y escuela no son instituciones que compiten; cumplen funciones distintas y complementarias. Mientras la primera transmite valores, hábitos y afectos, la segunda amplía oportunidades, construye ciudadanía y promueve la igualdad.
El argumento de la libertad de elección resulta atractivo, pero encuentra un límite evidente: no todas las familias cuentan con el mismo tiempo, los mismos recursos económicos, el mismo nivel educativo ni las mismas posibilidades para sostener un proceso de enseñanza en el hogar. En esas condiciones, la libertad corre el riesgo de convertirse en un privilegio.
Además, la escuela hace mucho más que enseñar contenidos. Acompaña trayectorias, detecta dificultades, previene el abandono escolar y, en numerosas ocasiones, constituye el primer ámbito capaz de advertir situaciones de vulneración de derechos. Esa tarea cotidiana no puede reemplazarse con una simple certificación de conocimientos.
La educación argentina necesita cambios profundos. Los bajos niveles de aprendizaje y las desigualdades exigen decisiones firmes. Pero fortalecer el sistema educativo no implica reducir la presencia del Estado, sino mejorar las escuelas, acompañar a los docentes y garantizar condiciones para que todos los estudiantes aprendan.
En definitiva, la discusión no debería centrarse únicamente en si algunas familias pueden educar a sus hijos fuera de la escuela. La pregunta realmente importante es otra: ¿qué sociedad queremos construir? Una en la que la educación dependa de las posibilidades de cada hogar o una en la que el Estado continúe siendo el garante de un derecho que pertenece, antes que a los adultos, a todos los niños y adolescentes.
Lic. Fernando Bonforti
